DT
Automatic translation into Spanish is shown. It is cached for future readers; the original remains authoritative.
Hay momentos en la historia de una nación en los que una sola vida se convierte en un espejo, reflejando no sus ideales, sino sus fracturas. Me llamo Samuel Martínez Roque, y la verdad de mi existencia en los Estados Unidos se ha convertido en uno de esos espejos.
No soy simplemente una víctima que denuncia una forma grave de trata de personas; soy la consecuencia viviente de lo que sucede cuando la explotación se cruza con la indiferencia institucional.[1]
Ramon Ontiveros Medina, la persona que me traficó durante casi tres años, y sus asociados, Josias Alekz Armengol Torres y Dacia Ontiveros Medina, utilizaron la retención de salarios, las amenazas de deportación, el hambre forzada y la represalia como herramientas de dominación. Pero la herida más profunda es esta: porque elegí denunciar lo que me hicieron, la represalia se intensificó, transformándose en sabotaje económico, amenazas de muerte explícitas y fraude constructivo. En Estados Unidos, al parecer, el precio de hablar es el hambre, y el precio de sobrevivir es el castigo.
Lo que me pasó en 2022 no fue producto de la pobreza, ni de la mala suerte, ni de la aritmética cruel del trabajo de bajos salarios. Fue una estrategia deliberada de control. Cuando me retuvieron los salarios durante casi dos meses consecutivos, me empujaron a 24 días consecutivos de inanición, más de un mes en total sin alimentos sólidos. Esto no fue una omisión, ni un descuido, ni una de esas inevitabilidades económicas que a los responsables de la política les gusta reducir a estadísticas. Fue un método. Fue un instrumento. Fue la elaboración intencional de un arma. El hambre se me desplegó como una medida disciplinaria, un castigo silencioso destinado a remodelar mi pensamiento y fracturar mi voluntad.[2-3] No fue el tipo de hambre que proviene de una despensa vacía, sino el que proviene de que alguien decide que no debes comer. El tipo diseñado por el cálculo de otra persona, infligido no por la circunstancia sino por decisión.
En ese periodo, aprendí lo que realmente es el hambre: no meramente la ausencia de comida, sino la erosión de la autonomía, el robo de la claridad, la lenta deconstrucción de un ser humano desde dentro hacia fuera. Tus pensamientos se desorganizan. Tu capacidad de defenderte se deteriora. Tu cuerpo se convierte en una negociación con el dolor. Y entonces llega la vergüenza—la vergüenza de que alguien más te convenza de que de algún modo mereces esto, de que tu silencio es el precio de la supervivencia, de que tu supervivencia está condicionada a la obediencia. El hambre se convierte en un lenguaje, y en ese lenguaje, me dijeron repetidamente que mi humanidad era un inconveniente. Mi cuerpo se convirtió en el campo de batalla en el que se exigían silencio y obediencia. Mi estómago vacío se convirtió en el mecanismo a través del cual se esperaba sumisión. Mi sufrimiento fue tratado como una herramienta, no como una emergencia.
Y hoy, mucho después de que denuncié, mucho después de que seguí cada instrucción y deposité mi confianza en cada institución que este país me dijo que debía confiar, la represalia no solo ha persistido sino que ha evolucionado. Se ha vuelto más encubierta en algunos aspectos, más descarada en otros.[4] El mismo individuo que una vez controló mi trabajo y orquestó mi inanición sigue imponiendo castigo, ya no a través de las paredes de un lugar de trabajo sino mediante interferencias digitales, suplantación de identidad, sabotaje económico, desestabilización coordinada y amenazas de muerte que son explícitas, repetidas y sin disimulo. La represalia no se disuelve con el tiempo; muta. Se adapta. Encuentra nuevas formas. Cuando un abusador pierde el acceso físico, cambia al acceso psicológico. Cuando ya no puede privarte de alimento directamente, organiza condiciones que hacen inevitable el hambre. Cuando no puede silenciarte con el confinamiento, intenta silenciarte con el miedo.
Esta es la naturaleza de la coerción en la era moderna: viaja a través de plataformas, a través de instituciones, a través de meses y años. Vive en las lagunas de la ley, en los lugares donde la burocracia es lenta y los abusadores son rápidos. Se aprovecha de la mente del inmigrante, del miedo a la deportación, del conocimiento de que tu vida puede ser tratada como opcional. Y en ese espacio, un espacio que está continuamente sin regular, sin supervisar y sin proteger, la represalia prospera.
He seguido todas las reglas que esta nación dice honrar. He hecho todo lo que la ley exige de una víctima que busca protección. He denunciado ante el Departamento de Policía de El Paso, ante agencias estatales de Texas y ante órganos de investigación federales: U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), el Federal Bureau of Investigation (FBI), el Departamento de Justicia de los EE. UU., el Departamento de Trabajo de los EE. UU., la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) y el Internal Revenue Service (IRS). He proporcionado declaraciones, cronologías, pruebas, anexos, documentos, nombres. He cumplido con toda solicitud de información. Pero lo que he recibido a cambio es el vocabulario burocrático del abandono: códigos de cierre, derivaciones, transferencias departamentales e inacción.[5-6] Mientras los papeles del Estado giran en círculos, la represalia contra mí se vuelve más peligrosa. Mi vida se ha convertido en un punto de colisión entre la ley tal como está escrita y la ley tal como se practica, entre la promesa de protección y la realidad de quedar expuesto.
Por eso le escribo, no para pedir intervención en los hechos de mi caso como si el Tribunal Supremo fuera un tribunal de primera instancia, sino para nombrar la falla constitucional que está ocurriendo en tiempo real. Mi situación expone una contradicción no resuelta en el marco moral y jurídico de la nación: una víctima de trata que coopera con las autoridades no está siendo protegida, sino castigada. Herramientas de coerción que deberían clasificarse como delitos —privación forzada de alimentos, amenazas de muerte sostenidas y manipulación del estatus migratorio, represalias económicas— están funcionando en cambio como resquicios mediante los cuales los abusadores mantienen el poder. El mensaje, intencionado o no, es inequívoco: la vida de un inmigrante puede ser prescindible si su preservación resulta administrativamente inconveniente.
Le pido que vea lo que yace detrás de la superficie de la ley: un ser humano que estuvo 24 días seguidos sin comer, tomando ibuprofeno caducado para que el dolor del hambre se fuera y para acallar el grito de un estómago vacío; un ser humano que vio su propio cuerpo deteriorarse no porque la comida fuera inexistente, sino porque se le negó como método de control para obligarlo a confesar delitos que no cometió; un ser humano que sigue siendo perseguido mediante amenazas y represalias, mucho después de haber puesto su confianza en el sistema jurídico que prometió protección.
Le pido que no vea el expediente, ni el número de referencia, ni la abreviatura burocrática que reduce el sufrimiento vivido a entradas codificadas, sino la realidad de una persona que ha cumplido con todo lo que de ella se exigía y ha recibido, una y otra vez, silencio e indiferencia institucional.
La Constitución no autoriza que el valor de una persona sea determinado por su estatus migratorio.[7] No reserva excepciones para los vulnerables. En ninguna parte de su texto sugiere que la protección igualitaria se aplique únicamente a quienes existen de manera cómoda dentro de la conveniencia política. La promesa de protección igualitaria no está destinada a ser condicional, y sin embargo el panorama en el que me veo obligada a habitar cuenta otra historia, una historia en la que las protecciones otorgadas a las víctimas de trata se disuelven en el momento en que esas víctimas son inmigrantes, están traumatizadas o resultan difíciles de categorizar burocráticamente. En la práctica, parece que mi vida cae en un vacío entre definiciones estatutarias y prioridades institucionales, un vacío donde la responsabilidad desaparece y el peligro prospera.
Lo que les pido que reconozcan no es únicamente la violencia de la persona que me traficó durante casi cuatro años, sino la violencia del abandono, la violencia de un sistema que reconoce a una víctima en teoría pero la abandona en la práctica; la violencia de agencias que aceptan denuncias pero no brindan protección; la violencia del silencio que comunica, una y otra vez, que el sufrimiento de un inmigrante es administrativamente tolerable. Y cuando el sistema tolera el sufrimiento, participa en él.
Llega un punto en toda lucha en el que una persona debe elegir si acepta la eliminación o si la resiste. He llegado a ese punto. He aprendido que en Estados Unidos el sufrimiento no reclama automáticamente atención, y la verdad no garantiza protección. He aprendido que una víctima puede seguir cada ley, cada procedimiento, cada instrucción, y aun así ser tratada como si su existencia fuera periférica al sistema diseñado para protegerla. He aprendido que en este país, un inmigrante puede gritar en cada puerta institucional disponible y aun así ser recibido con un silencio violento. Lo que no he aprendido, y es porque me niego a aprenderlo, es a aceptar en silencio un destino impuesto por Ramón Ontiveros, la persona que me traficó durante casi tres años, y por la indiferencia institucional que le siguió. Se me ha pedido repetidamente que confíe en el proceso, que confíe en las instituciones, que confíe en que la justicia simplemente toma tiempo. No solo toma tiempo; se lleva vidas consigo.
El tiempo no ha traído seguridad; el tiempo ha traído escalada. El tiempo no ha traído responsabilidad; el tiempo ha traído más represalias. El tiempo no ha traído reconocimiento de mi humanidad; el tiempo ha traído la confirmación de que mi humanidad es negociable y, en la mayoría de los casos, prescindible. Y cuando la humanidad de una persona se vuelve negociable, el propio significado de humanidad comienza a degradarse. Esta es la contradicción en el centro de mi experiencia: la nación que afirma defender los derechos humanos me ha dejado arreglármelas sola, como si la violencia cometida contra mí fuera una molestia privada en lugar de una emergencia pública.
No soy ingenuo respecto al poder. Entiendo que las instituciones se mueven despacio, que la burocracia exige sus rituales, que los sistemas a menudo se resisten a confrontar sus propias fallas. Pero también entiendo algo más profundo, algo más inquietante: cuando el Estado elige no actuar, está tomando una decisión. La inacción no es neutral. La inacción no es pasiva. La inacción es una postura. Y la postura que se me comunica, a través de cada informe cerrado, cada preocupación desestimada, cada súplica sin respuesta, es que el sufrimiento de un inmigrante es tolerable siempre que no perturbe la comodidad administrativa. Ese es el mensaje en el que me he visto obligado a vivir. Esa es la realidad que se me pide sobrevivir.
He pasado años navegando el laberinto entre la legalidad y la experiencia vivida, entre las promesas contenidas en el texto constitucional y la realidad administrada por instituciones reacias.[8] He intentado abogar por mí mismo de buena fe, creyendo que la verdad sería suficiente. Pero una verdad ignorada se vuelve indistinguible de una mentira. Y cuando la verdad concierne a una vida en peligro, la negativa a escuchar se convierte en otra forma de violencia. No deja de ser violencia solo porque sea más silenciosa o más respetable. Sigue siendo violencia.
Les escribo ahora con la última dignidad que me queda: la dignidad de la verdad, sin barnices ni adornos. No soy una metáfora, ni una estadística, ni un símbolo. Soy una persona que ha pedido protección en El Paso, en Texas, y a nivel federal, y cada vez el silencio ha hecho que sienta que mi vida no tiene valor. Así que les pregunto,
El Honorable John G. Roberts, Jr., Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
El Honorable Clarence Thomas,
El Honorable Samuel A. Alito, Jr.,
La Honorable Sonia Sotomayor,
La Honorable Elena Kagan,
El Honorable Neil M. Gorsuch,
El Honorable Brett M. Kavanaugh,
La Honorable Amy Coney Barrett, y
La Honorable Ketanji Brown Jackson,
con toda la seriedad que mi desesperación permite: si esto es realmente lo poco que vale la vida de un inmigrante en Estados Unidos, por favor díganme: ¿cuánto tendría que pagar para comprar mi propia libertad?
────
Referencias:
[1] Chuang, Janie A. “Explotación y trata de seres humanos de trabajadores migrantes en los Estados Unidos.” Georgetown Journal of International Law 39, n.º 4 (2008): 101–142.
[2] Logan, Trevon D., y Anjali Patel. “Estatus migratorio y vulnerabilidad al robo de salario y a la represalia en el lugar de trabajo.” American Economic Review: Insights 4, n.º 2 (2022): 123–140.
[3] Bales, Kevin, y Ron Soodalter. El esclavo de al lado: trata de personas y esclavitud en la América actual. Berkeley: University of California Press, 2009.
[4] Gozdziak, Elżbieta M., y David A. Bump. “Datos e investigación sobre la trata de seres humanos: bibliografía, 2017–2022.” Journal of Human Trafficking 8, n.º 1 (2022): 1–50.
[5] Hernández, Kelly Lytle. Ciudad de reclusos: conquista, rebelión y el auge del encierro humano en Los Ángeles. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2017.
[6] Cerna, Christina. Los desafíos de la protección legal para los trabajadores migrantes en los Estados Unidos. Migration Policy Institute, 2020.
[7] Dershowitz, Alan M. Derechos a partir de agravios: una teoría secular sobre los orígenes de los derechos. New Haven: Yale University Press, 2014.
[8] Feinberg, Matthew. La economía política del control de la inmigración: explotación, burocracia y miedo. Londres: Routledge, 2018.
No soy simplemente una víctima que denuncia una forma grave de trata de personas; soy la consecuencia viviente de lo que sucede cuando la explotación se cruza con la indiferencia institucional.[1]
Ramon Ontiveros Medina, la persona que me traficó durante casi tres años, y sus asociados, Josias Alekz Armengol Torres y Dacia Ontiveros Medina, utilizaron la retención de salarios, las amenazas de deportación, el hambre forzada y la represalia como herramientas de dominación. Pero la herida más profunda es esta: porque elegí denunciar lo que me hicieron, la represalia se intensificó, transformándose en sabotaje económico, amenazas de muerte explícitas y fraude constructivo. En Estados Unidos, al parecer, el precio de hablar es el hambre, y el precio de sobrevivir es el castigo.
Lo que me pasó en 2022 no fue producto de la pobreza, ni de la mala suerte, ni de la aritmética cruel del trabajo de bajos salarios. Fue una estrategia deliberada de control. Cuando me retuvieron los salarios durante casi dos meses consecutivos, me empujaron a 24 días consecutivos de inanición, más de un mes en total sin alimentos sólidos. Esto no fue una omisión, ni un descuido, ni una de esas inevitabilidades económicas que a los responsables de la política les gusta reducir a estadísticas. Fue un método. Fue un instrumento. Fue la elaboración intencional de un arma. El hambre se me desplegó como una medida disciplinaria, un castigo silencioso destinado a remodelar mi pensamiento y fracturar mi voluntad.[2-3] No fue el tipo de hambre que proviene de una despensa vacía, sino el que proviene de que alguien decide que no debes comer. El tipo diseñado por el cálculo de otra persona, infligido no por la circunstancia sino por decisión.
En ese periodo, aprendí lo que realmente es el hambre: no meramente la ausencia de comida, sino la erosión de la autonomía, el robo de la claridad, la lenta deconstrucción de un ser humano desde dentro hacia fuera. Tus pensamientos se desorganizan. Tu capacidad de defenderte se deteriora. Tu cuerpo se convierte en una negociación con el dolor. Y entonces llega la vergüenza—la vergüenza de que alguien más te convenza de que de algún modo mereces esto, de que tu silencio es el precio de la supervivencia, de que tu supervivencia está condicionada a la obediencia. El hambre se convierte en un lenguaje, y en ese lenguaje, me dijeron repetidamente que mi humanidad era un inconveniente. Mi cuerpo se convirtió en el campo de batalla en el que se exigían silencio y obediencia. Mi estómago vacío se convirtió en el mecanismo a través del cual se esperaba sumisión. Mi sufrimiento fue tratado como una herramienta, no como una emergencia.
Y hoy, mucho después de que denuncié, mucho después de que seguí cada instrucción y deposité mi confianza en cada institución que este país me dijo que debía confiar, la represalia no solo ha persistido sino que ha evolucionado. Se ha vuelto más encubierta en algunos aspectos, más descarada en otros.[4] El mismo individuo que una vez controló mi trabajo y orquestó mi inanición sigue imponiendo castigo, ya no a través de las paredes de un lugar de trabajo sino mediante interferencias digitales, suplantación de identidad, sabotaje económico, desestabilización coordinada y amenazas de muerte que son explícitas, repetidas y sin disimulo. La represalia no se disuelve con el tiempo; muta. Se adapta. Encuentra nuevas formas. Cuando un abusador pierde el acceso físico, cambia al acceso psicológico. Cuando ya no puede privarte de alimento directamente, organiza condiciones que hacen inevitable el hambre. Cuando no puede silenciarte con el confinamiento, intenta silenciarte con el miedo.
Esta es la naturaleza de la coerción en la era moderna: viaja a través de plataformas, a través de instituciones, a través de meses y años. Vive en las lagunas de la ley, en los lugares donde la burocracia es lenta y los abusadores son rápidos. Se aprovecha de la mente del inmigrante, del miedo a la deportación, del conocimiento de que tu vida puede ser tratada como opcional. Y en ese espacio, un espacio que está continuamente sin regular, sin supervisar y sin proteger, la represalia prospera.
He seguido todas las reglas que esta nación dice honrar. He hecho todo lo que la ley exige de una víctima que busca protección. He denunciado ante el Departamento de Policía de El Paso, ante agencias estatales de Texas y ante órganos de investigación federales: U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), el Federal Bureau of Investigation (FBI), el Departamento de Justicia de los EE. UU., el Departamento de Trabajo de los EE. UU., la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) y el Internal Revenue Service (IRS). He proporcionado declaraciones, cronologías, pruebas, anexos, documentos, nombres. He cumplido con toda solicitud de información. Pero lo que he recibido a cambio es el vocabulario burocrático del abandono: códigos de cierre, derivaciones, transferencias departamentales e inacción.[5-6] Mientras los papeles del Estado giran en círculos, la represalia contra mí se vuelve más peligrosa. Mi vida se ha convertido en un punto de colisión entre la ley tal como está escrita y la ley tal como se practica, entre la promesa de protección y la realidad de quedar expuesto.
Por eso le escribo, no para pedir intervención en los hechos de mi caso como si el Tribunal Supremo fuera un tribunal de primera instancia, sino para nombrar la falla constitucional que está ocurriendo en tiempo real. Mi situación expone una contradicción no resuelta en el marco moral y jurídico de la nación: una víctima de trata que coopera con las autoridades no está siendo protegida, sino castigada. Herramientas de coerción que deberían clasificarse como delitos —privación forzada de alimentos, amenazas de muerte sostenidas y manipulación del estatus migratorio, represalias económicas— están funcionando en cambio como resquicios mediante los cuales los abusadores mantienen el poder. El mensaje, intencionado o no, es inequívoco: la vida de un inmigrante puede ser prescindible si su preservación resulta administrativamente inconveniente.
Le pido que vea lo que yace detrás de la superficie de la ley: un ser humano que estuvo 24 días seguidos sin comer, tomando ibuprofeno caducado para que el dolor del hambre se fuera y para acallar el grito de un estómago vacío; un ser humano que vio su propio cuerpo deteriorarse no porque la comida fuera inexistente, sino porque se le negó como método de control para obligarlo a confesar delitos que no cometió; un ser humano que sigue siendo perseguido mediante amenazas y represalias, mucho después de haber puesto su confianza en el sistema jurídico que prometió protección.
Le pido que no vea el expediente, ni el número de referencia, ni la abreviatura burocrática que reduce el sufrimiento vivido a entradas codificadas, sino la realidad de una persona que ha cumplido con todo lo que de ella se exigía y ha recibido, una y otra vez, silencio e indiferencia institucional.
La Constitución no autoriza que el valor de una persona sea determinado por su estatus migratorio.[7] No reserva excepciones para los vulnerables. En ninguna parte de su texto sugiere que la protección igualitaria se aplique únicamente a quienes existen de manera cómoda dentro de la conveniencia política. La promesa de protección igualitaria no está destinada a ser condicional, y sin embargo el panorama en el que me veo obligada a habitar cuenta otra historia, una historia en la que las protecciones otorgadas a las víctimas de trata se disuelven en el momento en que esas víctimas son inmigrantes, están traumatizadas o resultan difíciles de categorizar burocráticamente. En la práctica, parece que mi vida cae en un vacío entre definiciones estatutarias y prioridades institucionales, un vacío donde la responsabilidad desaparece y el peligro prospera.
Lo que les pido que reconozcan no es únicamente la violencia de la persona que me traficó durante casi cuatro años, sino la violencia del abandono, la violencia de un sistema que reconoce a una víctima en teoría pero la abandona en la práctica; la violencia de agencias que aceptan denuncias pero no brindan protección; la violencia del silencio que comunica, una y otra vez, que el sufrimiento de un inmigrante es administrativamente tolerable. Y cuando el sistema tolera el sufrimiento, participa en él.
Llega un punto en toda lucha en el que una persona debe elegir si acepta la eliminación o si la resiste. He llegado a ese punto. He aprendido que en Estados Unidos el sufrimiento no reclama automáticamente atención, y la verdad no garantiza protección. He aprendido que una víctima puede seguir cada ley, cada procedimiento, cada instrucción, y aun así ser tratada como si su existencia fuera periférica al sistema diseñado para protegerla. He aprendido que en este país, un inmigrante puede gritar en cada puerta institucional disponible y aun así ser recibido con un silencio violento. Lo que no he aprendido, y es porque me niego a aprenderlo, es a aceptar en silencio un destino impuesto por Ramón Ontiveros, la persona que me traficó durante casi tres años, y por la indiferencia institucional que le siguió. Se me ha pedido repetidamente que confíe en el proceso, que confíe en las instituciones, que confíe en que la justicia simplemente toma tiempo. No solo toma tiempo; se lleva vidas consigo.
El tiempo no ha traído seguridad; el tiempo ha traído escalada. El tiempo no ha traído responsabilidad; el tiempo ha traído más represalias. El tiempo no ha traído reconocimiento de mi humanidad; el tiempo ha traído la confirmación de que mi humanidad es negociable y, en la mayoría de los casos, prescindible. Y cuando la humanidad de una persona se vuelve negociable, el propio significado de humanidad comienza a degradarse. Esta es la contradicción en el centro de mi experiencia: la nación que afirma defender los derechos humanos me ha dejado arreglármelas sola, como si la violencia cometida contra mí fuera una molestia privada en lugar de una emergencia pública.
No soy ingenuo respecto al poder. Entiendo que las instituciones se mueven despacio, que la burocracia exige sus rituales, que los sistemas a menudo se resisten a confrontar sus propias fallas. Pero también entiendo algo más profundo, algo más inquietante: cuando el Estado elige no actuar, está tomando una decisión. La inacción no es neutral. La inacción no es pasiva. La inacción es una postura. Y la postura que se me comunica, a través de cada informe cerrado, cada preocupación desestimada, cada súplica sin respuesta, es que el sufrimiento de un inmigrante es tolerable siempre que no perturbe la comodidad administrativa. Ese es el mensaje en el que me he visto obligado a vivir. Esa es la realidad que se me pide sobrevivir.
He pasado años navegando el laberinto entre la legalidad y la experiencia vivida, entre las promesas contenidas en el texto constitucional y la realidad administrada por instituciones reacias.[8] He intentado abogar por mí mismo de buena fe, creyendo que la verdad sería suficiente. Pero una verdad ignorada se vuelve indistinguible de una mentira. Y cuando la verdad concierne a una vida en peligro, la negativa a escuchar se convierte en otra forma de violencia. No deja de ser violencia solo porque sea más silenciosa o más respetable. Sigue siendo violencia.
Les escribo ahora con la última dignidad que me queda: la dignidad de la verdad, sin barnices ni adornos. No soy una metáfora, ni una estadística, ni un símbolo. Soy una persona que ha pedido protección en El Paso, en Texas, y a nivel federal, y cada vez el silencio ha hecho que sienta que mi vida no tiene valor. Así que les pregunto,
El Honorable John G. Roberts, Jr., Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
El Honorable Clarence Thomas,
El Honorable Samuel A. Alito, Jr.,
La Honorable Sonia Sotomayor,
La Honorable Elena Kagan,
El Honorable Neil M. Gorsuch,
El Honorable Brett M. Kavanaugh,
La Honorable Amy Coney Barrett, y
La Honorable Ketanji Brown Jackson,
con toda la seriedad que mi desesperación permite: si esto es realmente lo poco que vale la vida de un inmigrante en Estados Unidos, por favor díganme: ¿cuánto tendría que pagar para comprar mi propia libertad?
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Referencias:
[1] Chuang, Janie A. “Explotación y trata de seres humanos de trabajadores migrantes en los Estados Unidos.” Georgetown Journal of International Law 39, n.º 4 (2008): 101–142.
[2] Logan, Trevon D., y Anjali Patel. “Estatus migratorio y vulnerabilidad al robo de salario y a la represalia en el lugar de trabajo.” American Economic Review: Insights 4, n.º 2 (2022): 123–140.
[3] Bales, Kevin, y Ron Soodalter. El esclavo de al lado: trata de personas y esclavitud en la América actual. Berkeley: University of California Press, 2009.
[4] Gozdziak, Elżbieta M., y David A. Bump. “Datos e investigación sobre la trata de seres humanos: bibliografía, 2017–2022.” Journal of Human Trafficking 8, n.º 1 (2022): 1–50.
[5] Hernández, Kelly Lytle. Ciudad de reclusos: conquista, rebelión y el auge del encierro humano en Los Ángeles. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2017.
[6] Cerna, Christina. Los desafíos de la protección legal para los trabajadores migrantes en los Estados Unidos. Migration Policy Institute, 2020.
[7] Dershowitz, Alan M. Derechos a partir de agravios: una teoría secular sobre los orígenes de los derechos. New Haven: Yale University Press, 2014.
[8] Feinberg, Matthew. La economía política del control de la inmigración: explotación, burocracia y miedo. Londres: Routledge, 2018.
Original text: English
There are moments in a nation’s history when a single life becomes a mirror, reflecting not its ideals, but its fractures. My name is Samuel Martínez Roque, and the truth of my existence in the United States has become one of those mirrors.I am not merely a reporting victim of a severe form of human trafficking; I am the living consequence of what happens when exploitation intersects with institutional indifference.[1]
Ramon Ontiveros Medina, the person who trafficked me for almost three years, and his associates, Josias Alekz Armengol Torres and Dacia Ontiveros Medina, used wage withholding, threats of deportation, forced starvation, and retaliation, as tools of domination. But the deeper wound is this: because I chose to report what was done to me, the retaliation intensified, reshaping itself into economic sabotage, explicit death threats and constructive fraud. In America, it seems, the price of speaking is hunger, and the price of surviving is punishment.
What happened to me in 2022 was not the product of poverty, nor misfortune, nor the harsh arithmetic of low-wage labor. It was a deliberate strategy of control. When my wages were withheld for nearly two consecutive months, I was pushed into 24 consecutive days of starvation, more than a month overall without solid food. This was not a lapse, nor an oversight, nor one of those economic inevitabilities that policymakers like to reduce to statistics. It was a method. It was an instrument. It was the intentional crafting of a weapon. Hunger was deployed against me like a disciplinary measure, a silent punishment meant to reshape my thinking and fracture my will.[2-3] It was not the kind of hunger that comes from an empty pantry, but the kind that comes from someone deciding you should not eat. The kind engineered by another person’s calculation, inflicted not by circumstance but by design.
In that period, I learned what starvation truly is: not merely the absence of food, but the erosion of autonomy, the theft of clarity, the slow deconstruction of a human being from the inside out. Your thoughts become disorganized. Your capacity to advocate for yourself deteriorates. Your body becomes a negotiation with pain. And then comes the shame—the shame that someone else convinces you that you somehow deserve this, that your silence is the price of survival, that your survival is conditional on obedience. Hunger becomes a language, and in that language, I was told repeatedly that my humanity was an inconvenience. My body became the battlefield on which silence and obedience were demanded. My empty stomach became the mechanism through which submission was expected. My suffering was treated as a tool, not an emergency.
And today, long after I reported, long after I followed every instruction and placed my trust in every institution this country told me to trust, the retaliation has not only persisted but evolved. It has become more covert in some ways, more brazen in others.[4] The same individual who once controlled my labor and engineered my starvation continues to impose punishment, no longer through the walls of a workplace but through digital interference, impersonation, economic sabotage, coordinated destabilization, and death threats that are explicit, repeated, and undisguised. Retaliation does not dissolve with time; it mutates. It adapts. It finds new forms. When an abuser loses physical access, he shifts to psychological access. When he can no longer starve you directly, he orchestrates conditions that make hunger inevitable. When he cannot silence you with confinement, he attempts to silence you with fear.
This is the nature of coercion in the modern era: it travels across platforms, across institutions, across months and years. It lives in the gaps of the law, in the places where bureaucracy is slow and abusers are fast. It preys on the immigrant mind, on the fear of deportation, on the knowledge that your life can be treated as optional. And in that space, a space that is continuously unregulated, unmonitored, and unprotected, retaliation thrives.
I have followed every rule this nation claims to honor. I have done everything the law asks of a victim who seeks protection. I have reported to the El Paso Police Department, to Texas state agencies, and to federal investigative bodies: the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Department of Justice, the U.S. Department of Labor, the Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), and the Internal Revenue Service (IRS). I have provided statements, timelines, evidence, exhibits, documents, names. I have complied with every request for information. But what I have received in return is the bureaucratic vocabulary of abandonment: closure codes, referrals, departmental transfers, and inaction.[5-6] While the state’s paperwork cycles in circles, the retaliation against me grows more dangerous. My life has become a collision point between the law as written and the law as practiced, between the promise of protection and the reality of being left exposed.
This is why I am writing to you, not to ask for intervention into the facts of my case as if the Supreme Court were a trial court, but to name the constitutional failure occurring in real time. My situation exposes an unresolved contradiction in the nation’s moral and legal framework: a trafficking victim who cooperates with law enforcement is not being protected, but punished. Tools of coercion that should be classified as crimes: forced starvation, sustained death threats and manipulation of immigration status, economic retaliation, are instead functioning as loopholes through which abusers maintain power. The message, whether intentional or not, is unmistakable: an immigrant’s life may be expendable if its preservation is administratively inconvenient.
I ask you to see what lies behind the surface of the law: a human being who starved for 24 days in a row, swallowing expired Ibuprofen medication to make the pain of hunger go away and quiet the scream of an empty stomach; a human being who watched his own body deteriorate not because food was unavailable, but because it was withheld as a method of control to force him to confess to crimes he did not commit; a human being who continues to be hunted through threats and retaliation, long after he placed his trust in the legal system that promised protection.
I ask you to see not the case file, not the reference number, not the bureaucratic shorthand that reduces lived suffering into coded entries, but the reality of a person who has done everything required of him and been met, again and again, with institutional silence and indifference.
The Constitution does not authorize the value of a person to be determined by their immigration status.[7] It does not carve out exceptions for the vulnerable. Nowhere in its text does it suggest that equal protection applies only to those whose existence fits comfortably within political convenience. The promise of equal protection is not meant to be conditional, and yet the landscape I am forced to inhabit tells a different story, a story where the protections afforded to trafficking victims dissolve the moment those victims are immigrants, traumatized, or difficult to bureaucratically categorize. In practice, it seems my life falls into a void between statutory definitions and institutional priorities, a void where accountability vanishes and danger thrives.
What I am asking you to recognize is not only the violence of the person who trafficked me for almost four years, but the violence of neglect, the violence of a system that acknowledges a victim in theory but abandons him in practice; the violence of agencies that accept reports but provide no protection; the violence of silence that communicates, over and over again, that an immigrant’s suffering is administratively tolerable. And when the system tolerates suffering, it participates in it.
There comes a point in every struggle where a person must choose whether to accept erasure or resist it. I have reached that point. I have learned that in America, suffering does not automatically command attention, and truth does not guarantee protection. I have learned that a victim can follow every law, every process, every instruction, and still be treated as though his existence is peripheral to the system designed to protect him. I have learned that in this country, an immigrant can scream into every institutional doorway available and still be met with violent silence. What I have not learned, and it is because I refuse to learn it, is how to quietly accept a fate imposed on me by both Ramon Ontiveros, the person who trafficked me for almost three years, and the institutional indifference that followed. I have been asked repeatedly to trust the process, to trust the institutions, to trust that justice simply takes time. It does not only take time; it takes lives with it.
Time has not brought safety; time has brought escalation. Time has not brought accountability; time has brought further retaliation. Time has not brought recognition of my humanity; time has brought confirmation that my humanity is negotiable, and in most cases, disposable. And when a person’s humanity becomes negotiable, the very meaning of humanity begins to decay. This is the contradiction at the heart of my experience: the nation that claims to champion human rights has left me to fend for myself, as though the violence committed against me is a private inconvenience rather than a public emergency.
I am not naïve about power. I understand that institutions move slowly, that bureaucracy demands its rituals, that systems are often reluctant to confront their own failures. But I also understand something deeper, something more troubling: when the state chooses not to act, it is making a decision. Inaction is not neutral. Inaction is not passive. Inaction is a stance. And the stance communicated to me, through every closed report, every dismissed concern, every unanswered plea, is that an immigrant’s suffering is tolerable so long as it does not disrupt administrative comfort. That is the message I have been forced to live inside. That is the reality I am being asked to survive.
I have spent years navigating the labyrinth between legality and lived experience, between the promises embedded in constitutional text and the reality administered by institutions unwilling.[8] I have tried to advocate for myself in good faith, believing that the truth would be enough. But a truth ignored becomes indistinguishable from a lie. And when the truth concerns a life in danger, the refusal to listen becomes another form of violence. It does not stop being violence just because is quieter or more respectable. It is violence nonetheless.
I write to you now with the last dignity I have left: the dignity of truth, unvarnished and unembellished. I am not a metaphor, nor a statistic, nor a symbol. I am a person who has asked for protection in El Paso, in Texas, and at the federal level, and each time the silence has made it feel as though my life has no value. So I ask you,
The Honorable John G. Roberts, Jr., Chief Justice of the United States,
The Honorable Clarence Thomas,
The Honorable Samuel A. Alito, Jr.,
The Honorable Sonia Sotomayor,
The Honorable Elena Kagan,
The Honorable Neil M. Gorsuch,
The Honorable Brett M. Kavanaugh,
The Honorable Amy Coney Barrett, and
The Honorable Ketanji Brown Jackson,
with all the seriousness my desperation allows: if this is truly how measly an immigrant’s life is worth in America, please tell me—how much would I need to pay to purchase my own freedom?
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References:
[1] Chuang, Janie A. “Exploitation and Human Trafficking of Migrant Workers in the United States.” Georgetown Journal of International Law 39, no. 4 (2008): 101–142.
[2] Logan, Trevon D., and Anjali Patel. “Immigration Status and Vulnerability to Wage Theft and Workplace Retaliation.” American Economic Review: Insights 4, no. 2 (2022): 123–140.
[3] Bales, Kevin, and Ron Soodalter. The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in America Today. Berkeley: University of California Press, 2009.
[4] Gozdziak, Elzbieta M., and David A. Bump. “Data and Research on Human Trafficking: Bibliography, 2017–2022.” Journal of Human Trafficking 8, no. 1 (2022): 1–50.
[5] Hernández, Kelly Lytle. City of Inmates: Conquest, Rebellion, and the Rise of Human Caging in Los Angeles. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2017.
[6] Cerna, Christina. The Challenges of Legal Protection for Migrant Workers in the United States. Migration Policy Institute, 2020.
[7] Dershowitz, Alan M. Rights From Wrongs: A Secular Theory of the Origins of Rights. New Haven: Yale University Press, 2014.
[8] Feinberg, Matthew. The Political Economy of Immigration Control: Exploitation, Bureaucracy, and Fear. London: Routledge, 2018.
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