DT
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Señor Presidente: ¿por qué su administración tiene una vez más que ser recordada por un tribunal de que la Constitución y las leyes de los Estados Unidos se le aplican también a usted?
En esta ocasión, el asunto es Anthropic —una empresa privada estadounidense.
La empresa se negó a permitir ciertos usos militares de su tecnología. En respuesta, el Pentágono designó a Anthropic como un riesgo en la cadena de suministro y, de facto, la puso en una lista negra.
El 28 de agosto, la jueza federal Rita Lin dictaminó que las acciones del Pentágono eran ilegales. El tribunal concluyó que la decisión equivalía a represalia por la postura de la empresa, violó sus derechos amparados por la Primera Enmienda y las protecciones de debido proceso de la Quinta Enmienda, y utilizó de manera indebida el mecanismo de “riesgo en la cadena de suministro”.
La administración, por su parte, sostuvo que las restricciones de Anthropic generaban riesgos operativos para las fuerzas armadas.
Pero esto ya no trata únicamente de Anthropic.
Seguimos observando el mismo patrón:
la administración toma una decisión → las partes afectadas acuden a los tribunales → el tribunal determina que el poder ejecutivo excedió su autoridad o violó los procedimientos exigidos por la ley.
Anthropic no es el único ejemplo reciente.
Esta misma semana, otro tribunal federal bloqueó parte de las normas vinculadas a sus esfuerzos por restringir el voto por correo, planteando serias preocupaciones constitucionales.
Y solo días antes, un tribunal de apelaciones volvió a mantener una sentencia en contra del intento del Departamento de Justicia de utilizar a un fiscal cuya designación había sido declarada ilegal.
Señor Presidente:
cuando asumió el cargo, juró preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos.
El Artículo II de la Constitución también exige que el Presidente procure que las leyes se cumplan fielmente.
Entonces, ¿por qué su administración, día tras día, tiene que recibir recordatorios de los tribunales de que existen límites al poder presidencial?
¿Por qué se toman primero decisiones que afectan los derechos de ciudadanos, empresas, estados o instituciones públicas —solo para que luego un tribunal estadounidense explique lo que la ley realmente permitía que su administración hiciera?
El Presidente de los Estados Unidos posee un poder enorme.
Pero precisamente por eso debe esperarse que muestre mayor respeto por los límites de ese poder, no menos.
La Constitución no existe solo para los momentos en que le resulta conveniente al Presidente.
Es más importante cuando se interpone en su camino.
Señor Presidente: ¿cuántas sentencias judiciales más harán falta antes de que su administración empiece a comprobar si sus acciones son legales antes de llevarlas a cabo —en lugar de después de que otro tribunal las detenga?
En esta ocasión, el asunto es Anthropic —una empresa privada estadounidense.
La empresa se negó a permitir ciertos usos militares de su tecnología. En respuesta, el Pentágono designó a Anthropic como un riesgo en la cadena de suministro y, de facto, la puso en una lista negra.
El 28 de agosto, la jueza federal Rita Lin dictaminó que las acciones del Pentágono eran ilegales. El tribunal concluyó que la decisión equivalía a represalia por la postura de la empresa, violó sus derechos amparados por la Primera Enmienda y las protecciones de debido proceso de la Quinta Enmienda, y utilizó de manera indebida el mecanismo de “riesgo en la cadena de suministro”.
La administración, por su parte, sostuvo que las restricciones de Anthropic generaban riesgos operativos para las fuerzas armadas.
Pero esto ya no trata únicamente de Anthropic.
Seguimos observando el mismo patrón:
la administración toma una decisión → las partes afectadas acuden a los tribunales → el tribunal determina que el poder ejecutivo excedió su autoridad o violó los procedimientos exigidos por la ley.
Anthropic no es el único ejemplo reciente.
Esta misma semana, otro tribunal federal bloqueó parte de las normas vinculadas a sus esfuerzos por restringir el voto por correo, planteando serias preocupaciones constitucionales.
Y solo días antes, un tribunal de apelaciones volvió a mantener una sentencia en contra del intento del Departamento de Justicia de utilizar a un fiscal cuya designación había sido declarada ilegal.
Señor Presidente:
cuando asumió el cargo, juró preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos.
El Artículo II de la Constitución también exige que el Presidente procure que las leyes se cumplan fielmente.
Entonces, ¿por qué su administración, día tras día, tiene que recibir recordatorios de los tribunales de que existen límites al poder presidencial?
¿Por qué se toman primero decisiones que afectan los derechos de ciudadanos, empresas, estados o instituciones públicas —solo para que luego un tribunal estadounidense explique lo que la ley realmente permitía que su administración hiciera?
El Presidente de los Estados Unidos posee un poder enorme.
Pero precisamente por eso debe esperarse que muestre mayor respeto por los límites de ese poder, no menos.
La Constitución no existe solo para los momentos en que le resulta conveniente al Presidente.
Es más importante cuando se interpone en su camino.
Señor Presidente: ¿cuántas sentencias judiciales más harán falta antes de que su administración empiece a comprobar si sus acciones son legales antes de llevarlas a cabo —en lugar de después de que otro tribunal las detenga?
Original text: English
Mr. President, why does your administration once again have to be told by a court that the Constitution and the laws of the United States apply to it too?This time, the issue is Anthropic — a private American company.
The company refused to permit certain military uses of its technology. In response, the Pentagon designated Anthropic a supply-chain risk and effectively blacklisted it.
On August 28, Federal Judge Rita Lin ruled that the Pentagon’s actions were unlawful. The court found that the decision amounted to retaliation for the company’s position, violated its rights under the First Amendment and the due-process protections of the Fifth Amendment, and improperly used the “supply-chain risk” mechanism.
The administration, for its part, argued that Anthropic’s restrictions created operational risks for the military.
But this is no longer only about Anthropic.
We keep seeing the same pattern:
the administration makes a decision → affected parties go to court → the court finds that the executive branch exceeded its authority or violated procedures required by law.
Anthropic is not the only recent example.
This same week, another federal court blocked part of the rules connected with your efforts to restrict mail-in voting, raising serious constitutional concerns.
And only days earlier, an appeals court again left standing a ruling against the Justice Department’s attempt to use a prosecutor whose appointment had been found unlawful.
Mr. President,
when you took office, you swore to preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
Article II of the Constitution also requires the President to ensure that the laws are faithfully executed.
So why does your administration, day after day, have to receive reminders from the courts that there are limits to presidential power?
Why are decisions first made that affect the rights of citizens, companies, states or public institutions — only for an American court to later explain what the law actually allowed your administration to do?
The President of the United States possesses enormous power.
But that is precisely why he should be expected to show more respect for the limits on that power, not less.
The Constitution does not exist only for the moments when it is convenient for the President.
It matters most when it gets in his way.
Mr. President, how many more court rulings will it take before your administration begins checking whether its actions are lawful before taking them — instead of after another court stops them?
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